Pensión Especial Reparatoria-URUGUAY
EL 7% DE LAS PERSONAS QUE BUSCARON AMPARARSE A LA LEY VIVEN EN EL EXTERIOR
El Estado pagó U$S 42 millones a ex presos políticos en tres años
Los ex presos políticos de la dictadura reciben una pensión reparatoria de $ 16.524. También exiliados, clandestinos y despedidos por motivos ideológicos son compensados. El Parlamento estudia actualizar la normativa para contemplar nuevos casos. En tres años, el BPS pagó 42 millones de dólares a ex presos políticos.
Reparación. Víctimas de la dictadura recibieron la compensación del Estado.
Los ex presos políticos, exiliados, personas que hayan estado en clandestinidad, y aquellos que fueron despedidos de su actividad privada durante la dictadura son compensados por el Estado. Los ampara la Ley 18.033 del año 2006.
Específicamente, en los últimos tres años, los ex presos políticos recibieron en total $ 973 millones, más de U$S 42 millones. Se trata de la pensión especial reparatoria que pueden solicitar quienes estuvieron detenidos, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 (total o parcialmente) y que fueron procesados por la Justicia Civil o Militar.
En el año 2007 se entregaron más de $ 359 millones, en 2008 la cifra fue de $ 454 millones y en los primeros cuatro meses de 2009 las erogaciones alcanzan los $ 160 millones ($ 41 millones en enero, $ 40 millones en febrero, $ 38 millones en marzo y $ 41 millones en abril).
"Se están cursando unas 3.200 pensiones reparatorias actualmente", dijo a Ultimas Noticias el director del Banco de Previsión Social (BPS), Armando Cuervo. El canon de esta pensión está fijado por ley; son 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones, lo que equivale al monto de $ 16.524 por mes. Asimismo, está sujeto a reajustes por lo que se estiman diferencias en función de que el Índice Medio de Salarios se ubique por encima o debajo del canon. Por otra parte, aunque el BPS libera el dinero, los fondos son financiados por Rentas Generales.
"Hay algunas condiciones para acceder a la pensión reparatoria, por ejemplo, no es compatible con otra jubilación o ingresos mayores, por lo que la persona tiene que elegir con cuál se queda", dijo Cuervo. Tampoco es acumulativa, es decir, no se genera un fondo para la persona, pero sí genera pensión, por lo que conyuges e hijos menores de presos políticos fallecidos pueden cobrar un porcentaje.
Para los que hayan abandonado obligatoriamente el país o que fueron clandestinos, está previsto que se les compute por servicio a los efectos jubilatorios y pensionarios a razón de once BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones), lo que equivale a $ 21.384 por mes, considerando para ello el tiempo en que mantuvo dicha condición y en función del lapso para reintegrarse a la actividad formal.
Existe una tercera posibilidad. Se la conoce como jubilación especial y contempla a quienes sin configurar causal de jubilación, tengan al menos sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios. El monto será equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones, lo que equivale a $ 7.776 mensuales. Hoy suman 166 casos, por lo que se estiman erogaciones del orden de los $ 31 millones entre enero de 2006 y marzo de 2009.
AMPARO
La Ley 18.033 se aprobó en octubre de 2006 y el plazo para solicitar el amparo fue de 180 días, más una prórroga de 90 días por decreto. La Comisión Especial que se creó para estudiar cada caso lleva resuelto el 66% de las solicitudes. Así, en dos años se resolvieron más de 5.800 carpetas, 4.700 de ellas fueron aprobadas y 1.300 rechazadas.
De las personas que se presentaron para acogerse a la ley, el 66% eran de Montevideo, el 27% del interior y un 7% del exterior. Consultado Cuervo acerca de los países donde hay mayoría de personas que aplicaron a la convocatoria, el jerarca precisó que se trata de Suecia, España, Francia e Italia. Para quienes hoy viven fuera del país, fue preciso comprobar que hayan retornado a Uruguay antes del año 1995 con ánimo de permanencia, independientemente del tiempo que efectivamente residieron aquí.
LEYES
Las leyes reparatorias respecto a los trabajadores afectados por la dictadura empezaron con la ley de Amnistía 15.737, pero ésta contemplaba sólo a los funcionarios públicos. Posteriormente, en 1985 la Ley 15.783 abarcó también a algunos trabajadores de la actividad privada, cuyas empresas habían sido intervenidas por el gobierno, como bancos y frigoríficos.
Años después, en enero de 2002, la Ley 17.449 estableció compensaciones para los trabajadores de la actividad privada que perdieron su trabajo por razones políticas, ideológicas o gremiales, o que hayan estado presos, exiliados o en clandestinidad. Según Cuervo, el problema de esa ley eran los exigentes requisitos de prueba para comprobar la clandestinidad, ya que no suele haber documentos al respecto. Con ella se resolvieron sólo unos 400 casos en cuatro años.
"Esta Ley 18.033 viene a suplir todas esas carencias y acepta cualquier medio de prueba lícito que admita el Derecho Positivo para probar el estado de exilio, clandestinidad o prisión", dijo el director del BPS y agregó que innova en materia de pensión reparatoria para los presos políticos, además de establecer cómputos obligatorios.
Actualmente se trabaja en el Parlamento en un proyecto de ley para la reparación de víctimas de terrorismo de Estado, que estipulará un nuevo margen de tiempo para que más interesados se presenten para ampararse al beneficio.
Reparación a familiares
Isidora Musco, la viuda del militante Ubagesner Chávez Sosa, recibió el beneficio de la pensión reparatoria especial. Es una de las excepciones ya que los familiares de detenidos desaparecidos en período dictatorial no son contemplados por la ley. "Pudo ampararse porque los restos de su marido fueron encontrados y porque está comprobado que estuvo en prisión", explicó el director del BPS, Armando Cuervo.
"No hay un resarcimiento para los familiares; es una laguna que tiene la legislación actual. Es un debe que en este nuevo proyecto que estudia el Parlamento se está intentando contemplar", finalizó el jerarca.
Http://www.ultimasnoticias.com.uy/prints/act10.html  
http://www.ultimasnoticias.com.uy/prints/act10.html
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REPARACION INTEGRAL
LA LEY DE REPARACION INTEGRAL (URUGUAY)
Por Constanza Moreira |*|
20 de Octubre de 2008
Pocos días faltan para que el Parlamento apruebe todas las materias que entrañan gasto presupuestal. De hecho, el plazo vence este 25 de octubre. Frente a esto, varias iniciativas se amontonan en el Palacio Legislativo. Una es el proyecto, presentado por Crysol ­una organización que nuclea a ex presos políticos­, de una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado que implemente, en la legislación uruguaya, la normativa internacional en materia de derechos humanos (Resolución 60/147 de las Naciones Unidas).

La reparación integral comprende la 'indemnización' en el plano previsional y pensionario a todos los ciudadanos que se vieron imposibilitados, por razones políticas, gremiales o ideológicas, de ejercer su derecho al trabajo desde la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 hasta el advenimiento de la democracia el 1º de marzo de 1985.
La Ley se enmarca en la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual los Estados deben respetar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción, sin ninguna clase de excepción o discrecionalidad.
Son varias las iniciativas, que se verifican en el Uruguay desde el retorno de la democracia hasta ahora, de leyes aprobadas por el Estado en materias análogas a ésta. La primera data de 1985 (ley 15.783) y fue la que permitió la restitución de los funcionarios públicos que habían sido apartados de su función por razones políticas. En el año 2002 se aprobó la ley 15.749, orientada hacia la actividad privada. A comienzos del año 2006 se promulgó la ley 17.949 para los militares perjudicados por la dictadura y, finalmente, en octubre de ese mismo año, se aprobó la ley jubilatoria 18.033.
Sin embargo, sigue faltando una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizadas en nombre de ese Estado, reza el texto que propone la ley.
Esta iniciativa incorpora no sólo derechos pensionarios o previsionales, sino otras medidas destinadas a la reparación, en el plano de los símbolos o los principios. Así, propone que el Estado uruguayo y sus instituciones representativas, en ceremonia protocolar y en fecha significativa, asuman su responsabilidad por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron (esto incluye, claro está, a las Fuerzas Armadas como institución). En segundo lugar, propone institucionalizar un Día Nacional de la Memoria. Sugieren que ese día sea el 11 de abril en recordación del genocidio de Salsipuedes (considerado el primer 'genocidio' ­el texto lo llama etnicidio y culturicidio­), perpetrado en 1831 contra los charrúas que acompañaban a Artigas. Junto con ello, proponen que pasen a ser Centros Culturales de la Memoria el Centro de Altos Estudios Militares (Calem), lugar donde estuvo detenida María Claudia García de Gelman y los detenidos desaparecidos durante el segundo vuelo, así como el ex Penal de Punta de Rieles, donde se recluyó y torturó a centenares de uruguayos.
Pero las razones por las que la ley debe ser aprobada antes del 25 de octubre de este año, en razón a la imposibilidad normativa de aprobar leyes con previsión de gasto presupuestal en años electorales, es porque incluye la concesión de una indemnización pecuniaria que se define como 'proporcional a la gravedad del daño cometido'. Asimismo, se propone subsanar las insuficiencias y carencias de la ley anterior (la de 2006) y que privan del derecho de reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos, asesinados o muertos en tortura. Tampoco comprende a los ex presos liberados antes de 1973, o los detenidos fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.
Existen fundamentos doctrinarios que amparan esta ley, no sólo en el derecho, sino también en la filosofía, en especial en la que trata con los principios de justicia vinculados a los derechos humanos y al ahora concebido como 'terrorismo' de un Estado contra sus ciudadanos.
Desde que se formuló la doctrina de los 'derechos naturales', en el siglo XVII, de la mano de la consolidación de los Estados-Nación, los ideales de justicia han ido de la mano con dos conceptos fundamentales: castigo y reparación. Ambos conceptos de justicia fueron ligados a dos principios filosóficos básicos: el del castigo (negativo) y el de la reparación (positivo). ¿Cuánto castigo y cuánta reparación? El límite del castigo remite a 'tanto cuanto sea necesario' para ocasionar un efecto disuasorio en quienes podrían venir a practicarlo (y eso es lo que impone límites al castigo, especialmente evitando la 'ley del talión': es decir, un castigo, cuya cuantía sea equivalente a la falta cometida). El derecho de reparación remite a 'tanto cuanto se pueda' para volver al individuo a la situación 'original' en la que estaba antes de que se cometiera la falta contra sí mismo. En los casos de lesiones físicas (incluyendo la muerte), claro está, se hace imposible volver a la situación de origen.
Los dos principios entrañan significados diferentes: el concepto de castigo es esencialmente negativo, y el de reparación, positivo. Nuestra legislación funciona en general más aceitadamente en relación al castigo, que en relación a la reparación.
Cuando se consolida la figura de 'terrorismo de Estado' (prácticamente ausente en la teoría de los derechos naturales), aparece este principio, vinculado a los derechos humanos, del Estado como agente de daño. Dado que el Estado no puede castigarse a sí mismo (por eso los Estados 'piden perdón'), la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas incorpora los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (y antes), han generado una consigna clara, en casi todos los movimientos de derechos humanos: justicia y verdad. La primera refiere a las dos dimensiones anteriormente señaladas: castigo a los culpables, y reparación de las víctimas. En cuanto a la verdad, refiere al acceso público a la información (no sólo al acceso de los familiares directos, sino de todos los ciudadanos) sobre los hechos acaecidos en el período.
Uruguay, a diferencia de Argentina (Informe Sábato) y de Chile (Informe Rettig), es tardío en su tránsito hacia la 'verdad'.
La información de que se dispone, es aún fragmentada y dispersa, y recién dos décadas después, con el triunfo del Frente Amplio ­y el antecedente de la Comisión para la Paz, en el período de Jorge Batlle­ se consigue acceder a alguna información, en especial, sobre los delitos de desaparición forzada, que al mismo tiempo ni prescriben, ni están comprendidos en la Ley de Caducidad.
La justicia en Uruguay tardó, pero no llegó, aun cuando, a escala uruguaya, la aplicación del artículo 4 durante el actual gobierno representa un hito histórico en la forma en que tradicionalmente, gobierno tras gobierno, se venía administrando este tema.
Asimismo, mucho puede discutirse sobre los efectos que tendría la anulación (o derogación) de la Ley de Caducidad.

Pero no puede discutirse que la Ley de Caducidad impone límites muy claros y precisos a cualquier búsqueda de 'justicia' en relación al terrorismo de Estado, y que su texto, por decir lo menos, es completamente anacrónico y contradice los principios fundamentales de la normativa internacional sobre este tema.

La reparación integral forma parte de este proceso, y entraña, al mismo tiempo, un reconocimiento cabal de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y especialmente antes. Representa un avance indiscutible en un tema que concierne no sólo a los afectados, sino a todos los ciudadanos. Todo reconocimiento que se haga en este sentido ayuda a la construcción de la memoria colectiva, y establece un claro antecedente de responsabilización del Estado, que funciona como una salvaguarda para los ciudadanos.
Sin embargo, frente a otros temas, que han concitado gran urgencia por parte de legisladores, como el proyecto de la Caja Bancaria, el actual proyecto de ley, no ha tenido el debido trámite en comisiones, aunque la legisladora Margarita Percovich ha sostenido que el mismo será aprobado en fecha 'sobre tablas'. Esperemos que así sea.
|*| Politóloga. Universidad de la República.

20 de Octubre de 2008
ACTUACION ILEGITIMA DEL ESTADO, REPARACION INTEGRAL
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Reparación Integral a las Víctimas - Publicada en el Diario Oficial de 19/10/2009

Reparación Integral a las Víctimas
Ley 18.596
Repáranse integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de
febrero de 1985.
(2.461*R)

PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN

CAPITULO I
RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO

Artículo 1
Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero
de 1985.

Artículo 2
Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Artículo 3
Reconócese el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que, por acción u omisión del Estado, se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4º y 5º de la presente ley. Dicha reparación deberá efectivizarse -cuando correspondiere- con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

CAPITULO II
DEFINICION DE VICTIMAS

Artículo 4
Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.

Artículo 5
Se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.

Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado.

CAPITULO III
DE LA REPARACION
Artículo 6
Declárase que derechos y beneficios previstos en las Leyes Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.102, de 10 de noviembre de 1989, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Nº 16.440, de 15 de diciembre de 1993, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Nº 17.949, de 8 de enero de 2006, Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, y Nº 18.420, de 21 de noviembre de 2008, y otras disposiciones análogas, forman parte de la reparación integral prevista en el artículo 3º de la presente ley, dentro del marco de lo establecido por el artículo 19 de la Resolución Nº 60/147 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Artículo 7
El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado en los artículos 1º y 2º de la presente ley.

Artículo 8
En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos.

Artículo 9
El Estado uruguayo, a través de la Comisión Especial establecida en el Capítulo IV de la presente ley, expedirá un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad humana de quienes hubiesen:

A) Permanecido detenidos por más de seis meses por motivos políticos, ideológicos o gremiales, sin haber sido procesados en el país o en el extranjero bajo control o participación de agentes del Estado o de    quienes sin serlo, hubiesen contado con su autorización, apoyo o aquiescencia; y quienes hayan sido procesados por motivos políticos,    ideológicos o gremiales en el territorio nacional.

B) Fallecido durante el período de detención.
C) Sido declarados ausentes por decisión judicial, al amparo de la Ley    Nº 17.894, de 14 de setiembre de 2005, o que hubieren desaparecido en hecho conocido de manera pública y notoria con anterioridad a la    promulgación de la presente ley.
D) Los que al momento de promulgación de la presente ley se encuentren    en situación de desaparición forzada.
E) Fallecido a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del    Estado o de quienes sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.
F) Sufrido lesiones personales, graves y gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado en el país o en el
   extranjero.
G) Nacido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo    niños o niñas, hayan permanecido detenidos con su madre o padre.
H) Los que siendo niñas o niños hayan permanecido desaparecidos.
I) Vístose obligados a abandonar el país por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
J) Sido requeridos o permanecido en la clandestinidad dentro del  territorio nacional por un período superior a los ciento ochenta días corridos, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.

La expedición del documento respectivo se otorgará a solicitud de parte o de sus causahabientes o familiares, en su caso.

Artículo 10
Las víctimas definidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley, que hubiesen permanecido detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas o hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Sin perjuicio de las mismas, el Estado ofrecerá además, si así lo solicitaren, los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación
física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas.

El Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad y extensión de las prestaciones establecidas en los incisos precedentes.

El Decreto Nº 268/008, de 2 de junio de 2008, se considera parte de la presente ley.

Artículo 11
Percibirán una indemnización, por única vez:

A) Los familiares de las víctimas, hasta el segundo grado por    consanguinidad, cónyuge, concubino o concubina, que fueron declarados ausentes por decisión judicial, al amparo de la Ley Nº 17.894, de 14 de setiembre del 2005, o que hubieren desaparecido en hecho conocido de manera pública y notoria con anterioridad a la promulgación de la presente ley o que al momento de la promulgación de la misma se encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido, a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del Estado o de quienes sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos, recibirán la suma de 500.000 UI (quinientas mil unidades indexadas). Si hubiese más de un beneficiario este monto se distribuirá en partes iguales.

B) Las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado, recibirán la suma de
   250.000 UI (doscientas cincuenta mil unidades indexadas).

C) Las víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidas por más de treinta días, recibirán la suma de 375.000 UI
   (trescientas setenta y cinco mil unidades indexadas).

D) Las víctimas, que habiendo nacido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo niños o niñas hayan permanecido detenidas con su madre o padre por un lapso mayor a 180 (ciento ochenta) días, recibirán la suma de 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas).

Artículo 12
Agréganse los siguientes incisos al artículo 11 de la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006:

     "Asimismo, por unanimidad, la Comisión Especial podrá otorgar la Pensión Especial Reparatoria a los uruguayos o uruguayas detenidos en centros de detención clandestinos en el extranjero, con participación de agentes del Estado uruguayo, por los motivos y dentro del período indicados en el artículo 1º, cualquiera fuera el lapso de detención sufrida.

     Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, aquellas personas que hubiesen sido beneficiadas de lo dispuesto en las leyes indicadas en el inciso tercero del presente artículo y en situación de  jubilación o pasividad percibiendo sumas inferiores a 8,5 BPC (ocho y media Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales, tendrán  derecho a optar por la Pensión Especial Reparatoria prevista en el inciso primero".

Artículo 13
Modifícase el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, por el siguiente:
"En caso de fallecimiento de los beneficiarios de esta Pensión Especial Reparatoria, su cónyuge o concubino/a 'more uxorio', hijos
menores, hijos mayores declarados incapaces y los/as concubinos/as declarados tales por la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007, podrán ejercer derechos de causahabientes".

Artículo 14
Los jubilados amparados en lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, percibirán adicionalmente una partida mensual de carácter reparatorio, equivalente a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones).

CAPITULO IV
DE LA COMISION ESPECIAL
Artículo 15
Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.

Deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 16
La Comisión Especial instruirá, sustanciará y resolverá sobre las solicitudes de amparo establecidas en la presente ley, así como el
otorgamiento de los beneficios respectivos, salvo en lo referente a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la presente ley. Para ello requerirá toda la información y antecedentes necesarios, pudiendo comunicarse en forma directa con los organismos públicos o privados, admitiendo los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica, actuando en todos los casos mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006.

Artículo 17
La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

A) Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá.
B) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.
C) Un delegado del Ministerio de Salud Pública.
D) Dos delegados designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones representativas de las víctimas del terrorismo de Estado.

Será convocada por el Ministerio de Educación y Cultura cada vez que sea necesario para el cumplimiento de sus fines.

Las resoluciones deberán ser adoptadas por mayoría absoluta de integrantes.

Artículo 18
El derecho a acogerse a los beneficios regulados por la presente ley no prescribe ni caduca.

Artículo 19
Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico en subsidio para ante el Poder Ejecutivo.

Artículo 20
Las erogaciones resultantes de la presente ley serán atendidas con cargo a Rentas Generales.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21
Quedan excluidos de la indemnización prevista en el artículo 11 de la presente ley todos aquellos que hubiesen recibido prestación económica cualquiera fuera su naturaleza, originada en la condición de víctima de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de esta norma, a través de sntencia judicial ejecutoriada, transacción judicial o extrajudicial.

Artículo 22
Se renuncia a toda futura acción contra el Estado uruguayo, ante cualquier jurisdicción, sea ésta nacional, extranjera o internacional, por el solo hecho de acogerse a los beneficios reparatorios de la presente ley.


Artículo 23
La Comisión Especial de la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, actuará en forma permanente para todas las peticiones que se le presenten y se la autoriza a rever los casos en que hubieran recaído resoluciones denegatorias y que, por virtud de lo consagrado en los artículos 12 y 13 de la presente ley, estarían amparados.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de setiembre de 2009.
HORACIO YANES, 2do. Vicepresidente; JOSE PEDRO MONTERO, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
         MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                       Montevideo, 18 de Setiembre de 2009

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se repara integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; JORGE BRUNI; NELSON FERNANDEZ; ANDRES MASOLLER; GONZALO FERNANDEZ; MARIA SIMON; VICTOR ROSSI; RAUL SENDIC; JULIO BARAIBAR; MARIA JULIA MUÑOZ; ERNESTO AGAZZI; HECTOR LESCANO; CARLOS COLACCE; MARINA ARISMENDI.

impo@impo.com.uy - 18 de julio 1373 - TEL: 9085042 , 9085180 , 9085276 - FAX: 9023098 - Montevideo - República Oriental del Uruguay
1-Aplicacion Ley 18033 Pensión Especial Reparatoria
2-LEY DE REPARACION INTEGRAL (proyecto) Constanza Moreira 20-8-2008
3-Reparación Integral a las Víctimas Ley 18.596 (18-9-2009)
ACTUACIÓN ILEGÍTIMA DEL ESTADO URUGUAYO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 1968 Y EL 28 DE FEBRERO DE 1985, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS... PERO NO CUMPLE VERDADERAMENTE CON LA RESOLUCION No 60/147 ART. 19 Y 20 CON RESPECTO A LA INDEMNIZACION, REABILITACION Y REPARACION DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.®
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Uruguay: Ley de Caducidad y el caso de Macarena Gelman - Conferencia de Prensa
Verdad o Consecuencia

                                             En conferencia de prensa, Macarena Gelman y su representante legal, Liliana Tojo, aseguraron que el fallo de la Corte
                                             Interamericana obliga a que la Ley de Caducidad caiga para todos los casos, y no solamente el suyo. El Estado tiene ahora
                                             un año para encontrar los restos de María Claudia García, madre de Macarena.
                                             En conferencia de prensa celebrada hoy en la Asociación de Prensa Uruguaya, Macarena Gelman y Liliana Tojo, integrante
                                             de su equipo de abogados, se refirieron al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a
                                             Uruguay por omisión en el caso de la desaparición de su madre, María Claudia García.
   En la conferencias, Macarena se declaró satisfecha por el fallo, y agregó que se abre ahora una etapa de expectativas respecto a la sentencia. "El Estado asegura que cumplirá y espero que lo haga", manifestó.
   Pensar en el que el Estado no va a acatar es "una hipótesis de laboratorio", señaló Tojo. Macarena, entre tanto, consideró el fallo como "una pequeña victoria en una lucha de más de 30 años (...) espero ahora que haya un reconocimiento de lo que sucedió".
   Según señaló la abogada, Uruguay tiene plazo de un año para encontrar el cuerpo de María Claudia El fallo de la CIDH le obliga a "establecer unos protocolos de búsqueda efectivos y diligentes, algo que no ha tenido aún".
   Agregó que para la Corte, el Estado "es único", sin importar quién haya pasado por él. "El Estado fue el responsable de las desapariciones y es responsabilidad del Estado saber", argumentó. Con respecto a la negativa de los militares de brindar testimonios sobre el paradero del cuerpo, explicó que "si todos los crímenes dependieran solamente del testimonio de los culpables nada se resolvería".
   ¿Qué sucede si Uruguay no cumple con la resolución de la CIDH? Tojo aclaró que en caso que no se cumpliera, la Corte comunicará a la asamblea de la OEA (Organización de Estados Americanos), que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes.
   Además, manifestó que el fallo obliga a que la Ley de Caducidad caiga para todos los casos e impide que el Estado utilice otros recursos o chicanas políticas sustitutivas.
   El fallo también obliga a permitir el acceso a los archivos, algo que "hoy en día no se hace efectivo". La Corte debe monitorear eso, agregó.
   A su vez, explicó que el Estado deberá erigir en un lugar público una placa con los nombres de todos los desaparecidos durante la dictadura, lugar que no puede decidir el Estado arbitrariamente: debe coordinarlo con las víctimas.
   Gelman aclaró también que había recibido un llamado del gobierno, y que se reunirá con el canciller Luis Almagro próximamente.
El fallo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a resarcir económicamente a Macarena Gelman, a causa de la desaparición de su madre María Claudia García.
 
Macarena deberá recibir 300.000 dólares por "lucro cesante como heredera", 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y 5.000 dólares en concepto de gastos por la búsqueda de la verdad. Gelman alcaró que donará parte del dinero a Aldeas Infantiles.
Almagro, el vocero
El abogado Carlos Matta, quien representó al estado en la contienda en la OEA por el caso Gelman, informó a Montevideo Portal que los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvieron durante este jueves analizando la resolución dada por la corte internacional que decidió conceder una indemnización de 185 mil dólares para Macarena Gelman y condena la existencia de la Ley de Caducidad en nuestro sistema jurídico.
   El canciller Luis Almagro se encuentra en Irlanda y regresará a nuestro país el próximo lunes 28. El día siguiente realizará una conferencia de prensa en el marco de la formalización de reconocimiento uruguayo a Palestina.
   Durante el litigio internacional la defensa del Estado uruguayo basó sus argumentos en las pruebas de que el Estado no había sido omiso en su reconocimiento del terrorismo estatal ejecutado durante la década del 70, sino que había asumido responsabilidades y realizado avances en materia de respeto por los derechos humanos y reparación de daños.
   El caso fue recibido por la CIDH en enero de 2010 y las audiencias comenzaron los primeros días de octubre en Quito, luego de ser suspendidos por el intento de golpe de estado ocurrido en los últimos días de setiembre.
   Se trata de la primera vez que se realiza una demanda ante la CIDH y fue el resultado de siete años de trabajo por parte de la defensa de la familia Gelman.
   María Claudia García fue secuestrada en Argentina cuando tenía 19 años, estando embarazada de Macarena Gelman y fue mantenida con vida hasta que dio a luz y luego desaparecida.
   En 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez llevó a Macarena Gelman al Batallón 14 y le señaló el lugar donde supuestamente estaban enterrados los restos de su madre. Sin embargo el dato era falso y según averiguó en su momento Montevideo Portal, fue aportado por uno de los militares que se encuentra recluido en Domingo Arena.
Publicado por Pelusa en 08:37

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                                  [Uruguay] [Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay y desconoce referendos que otorgaban impunidad a 
                                  violadores de derechos humanos.]
                                  Uruguay fue condenado este jueves por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo
                                  responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y el secuestro de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.La sentencia, publicada en la página web del tribunal, que tiene sede en Costa Rica, es el resultado de la cruzada iniciada por la familia Gelman en 2006, cuando presentó su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras constatar que no había avances en el proceso abierto en Uruguay.
En 2008, la CIDH emitió un informe en el que encontró violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y formuló una serie de recomendaciones al Estado uruguayo que éste no cumplió, razón por laque esta causa fue elevada a la máxima instancia internacional al año siguiente.
Desde México, donde reside desde hace años, Juan Gelman dijo a Efe sentirse “un poco recompensado” por el fallo, que definió como un “gran paso”.
“Es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos”, expresó el Premio Cervantes 2007.
Macarena Gelman, actualmente en Argentina, se pronunciará sobre la sentencia, que incluye una reparación económica de US$185 mil, este viernes en una esperada rueda de prensa.
Por su parte la abogada Liliana Tojo, que representa a los afectados, se mostró “segura” de que Uruguay va a cumplir la sentencia, “porque tiene una tradición de respeto de los derechos humanos”.
Entre otras cosas, la Corte IDH obliga al Estado a anular la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de la dictadura (1973-1985) y es vista como un obstáculo en la causa.
Para Tojo, el hecho de que esa normativa, aprobada originalmente en 1986, “haya sido ratificada por la voluntad popular” en dos referendos en 1989 y 2009 “no le concede automáticamente por sí solo legitimidad ante el derecho internacional”.
La semana que viene se cumplen once años desde que Juan Gelman anunció que, gracias a una larga búsqueda, había encontrado en Uruguay a su nieta desaparecida.
Hasta entonces, Macarena creía ser la hija de un policía uruguayo y su esposa, que la adoptaron en 1977 tras recibirla de manos de los órganos represores del cono sur americano.
Ella había nacido el año anterior en cautiverio en Uruguay, a donde su madre María Claudia García, fue trasladada tras ser secuestrada en Buenos Aires junto con su esposo, Marcelo Gelman, hijo del poeta, por la dictadura militar argentina, surgida a partir de un golpe de Estado perpetrado hoy hace exactamente 35 años.
Marcelo, de 20 años, fue asesinado y sus restos mortales encontrados, pero los de María Claudia, que tenía 19, siguen en paradero desconocido.
Durante el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010), del bloque izquierdista Frente Amplio como el actual, José Mujica, se hicieron sin éxito varias excavaciones en instalaciones militares para dar con los restos de María Claudia, una búsqueda los Gelman catalogaron de insuficiente.
Ahora, la sentencia de la Corte IDH obliga al Estado a realizar una investigación de los hechos y “determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas”, incluyendo la localización de María Claudia García o “sus restos mortales”.
La causa internacional fue seguida desde el principio con atención en Uruguay, especialmente en los últimos meses, cuando Mujica, un ex guerrillero que combatió la dictadura, impulsó la anulación de la Ley de Caducidad en el Parlamento.
La iniciativa fue aprobada en Diputados y está pendiente de aprobación en el Senado, donde el oficialismo impondrá su mayoría pese a que tres senadores se oponen.
En declaraciones a Efe el senador del Frente Amplio Rafael Michelini, hijo del senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires durante la dictadura, calificó hoy el fallo de la Corte IDH como “histórico”.
“Esperemos que en el correr de los próximos días, en abril, podamos estar votando en el Parlamento la inconstitucionalidad de la ley” para quedar “con la cara bien alta en el concierto internacional”, señaló.
Paradójicamente el proyecto es considerado inconstitucional por algunos expertos y podría toparse con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, algo que Tojo sin embargo duda.
La sentencia de la Corte IDH “va a dirigida al Estado y el Poder Judicial forma parte del Estado”, advirtió la abogada, antes de recordar que en tres procesos distintos el alto tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.
“Mi nieta y yo no luchamos en contra del gobierno sino del Estado, pues ellos fueron quienes al ocultar alimentaron el crimen”, aclaró por su parte Juan Gelman, para quien no es momento aún de cantar victoria “pero definitivamente es una ocasión para hacer un brindis”.
28 de marzo de 2011