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Secretaría de Relaciones Exteriores
Unidad de trabajo y apoyo a los ex-exiliados politicos de la República Argentina.
Comunicados COEPRA
Buenos Aires, 17 de marzo de 2005
Compañeros:
Como ya hemos informado la ley de reparación del exilio fue aprobada en la Cámara de Senadores en su primera sesión del año, el día 2 de marzo pasado.
El día 4 de marzo ingresó en Mesa de Entradas en la Cámara de Diputados en donde deberá pasar por 4 comisiones antes de ser presentada en el recinto para votación: Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Comisión de Presupuesto y Hacienda, Comisión de Justicia y Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
En Diputados la ley se denomina Proyecto 3S 05.
El 8 de marzo ingresó en la Comisión cabecera de la ley, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales cuyo Presidente es el Diputado Hugo Peire.
La ley debía ser tratada hoy 17 de marzo en la primera reunión del año de esta comisión y teníamos noticias que saldría un dictamen positivo aprobando su texto sin problemas.
COEPRA pidió audiencia con el Diputado Perie para solicitar que sea aprobada sin modificaciones y con la máxima celeridad, sabiendo que si un proyecto de ley tiene dictamen positivo en la comisión cabecera es más rápida su aprobación por las otras y que en el caso de que un proyecto de ley haya sido ya aprobado por una Cámara o sea, tenga lo que se llama -media sanción-, la modificación del texto por la otra Cámara, hace que deba ser remitido nuevamente a la Cámara de origen para iniciar todo el proceso de nuevo.
Fuimos recibidos por el Diputado Peire y por la Diputada Llambí que también integra la Comisión de Derechos Humanos.
En el despacho del Diputado nos enteramos que tres personas, la abogada Elena Moreno, abogada Rosa Gómez y María Seoane habían solicitado previo a la nuestra, una audiencia para pedir lo contrario que nosotros, es decir la modificación del texto. Una de ellas, la abogada Elena Moreno es la autora de un informe titulado EXILIADOS EN PELIGRO DE NO PERCIBIR INDEMNIZACIÓN (Este informe circuló por Internet la semana pasada y para conocimiento de aquellos compañeros que no lo hayan leído lo adjuntamos abajo).
Los Diputados nos comentaron que estas personas se habían presentado de forma confusa, sin dejar del todo claro si venían en función de ex exiliadas o de abogadas, lo que los hizo pensar en algún momento que eran integrantes de COEPRA.
Aparentemente estas personas habían hablado con otros diputados también y crearon tal desconcierto, que la Comisión de Derechos Humanos decidió postergar la emisión del dictamen sobre la ley hasta el día 7 de abril, segunda reunión del año de dicha comisión.
Luego de la reunión con los Diputados Peire y Llambi, estuvimos presentes en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y ya en ella, el Diputado Peire nos presentó a los demás Diputados integrantes y nos invitó a participar de la del día 7 haciendo uso de la palabra para aclarar nuestra posición. También manifestó que para su Comisión la ley tenía interés prioritario y por eso se trataba en la primera reunión y el dictamen debía hacerse rápidamente. Ante el problema suscitado, con las abogadas consultaría con el Dr. Duhalde Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, con el Dr. Zannini, Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y con el Senador López Arias autor del proyecto original.
Escuchamos a diputados de distintas bancadas que dieron su opinión y luego al finalizar pudimos hablar informalmente con ellos. La gran mayoría expresaron que estaban dispuestos a aprobar la ley tal como está redactada, si es eso lo que queremos, y manifestaron su solidaridad con nuestros reclamos.
Ante la situación creada por la actitud irresponsable de las personas mencionadas con su intervención en Diputados así como de la abogada Moreno en el envío de la nota, queremos aclarar lo siguiente:
1) La abogada Moreno sabe de la existencia de COEPRA y el trabajo que venimos haciendo hace 8 años porque envió un mail con su comunicado a nuestra dirección de E-mail.
2) A pesar de esto, la abogada Moreno no consultó con nosotros antes de enviar o redactar la nota, difundió su comunicado entre sus clientes o contactos y lo envió a COEPRA como uno más de tantos.
3) La abogada Moreno nunca participó en COEPRA, nunca antes se comunicó, ni ofreció a nuestra comisión sus servicios en actitud militante y desinteresada en lo económico. Tampoco alguna de las otras dos abogadas.
4) La abogada Moreno con una actitud falta de ética utiliza su condición de ex exiliada, titulándose a si misma como -exiliada letrada-, para crear una imagen de confianza entre los compañeros y así conseguir clientes para su estudio cobrándoles adelantos y haciéndose firmar poderes.
5) COEPRA siempre pensó que se pierde la lucha que se abandona y que debíamos conseguir una ley específica reparando el exilio para que quede claro que fue una violación de Derechos Humanos. En ese camino, no hemos tenido subsidio ni apoyo económico de nadie, nos juntamos en los bares o en las casas de los compañeros, no le preguntamos a los compañeros que se integran de que partido o grupo son o fueron. Nos une nuestra condición de exiliados y hemos hecho del exilio y su reparación nuestra militancia.
6) Desde el encabezamiento, -EXILIADOS EN PELIGRO DE NO PERCIBIR INDEMNIZACIÓN-, propio del titular catastrófico de la prensa amarilla, el informe de la Doctora Moreno no es el comunicado o informe de una compañera a otros compañeros, sino que es el de alguien que busca crear confusión y temor.
7) Sabemos que la abogada Moreno, como lamentablemente lo han hecho otros abogados, durante todos estos años de trabajo paciente y consecuente de COEPRA, permanentemente trataron de confundir y crear desconfianza en los posibles éxitos de nuestra tarea militante enviando mensajes tales como: -La ley de exilio no va a salir, por eso....... mejor hacer juicio-, o cuando ya no tenían otra: -Sale pero se pagará la mitad del resarcimiento que a los presos, por eso...... mejor hacer juicio-. O sea: mejor la salida individual con el juicio, que la reivindicación y la lucha colectiva por la vigencia de nuestros derechos.
8) A pesar de los malos augurios, la ley sale, el resarcimiento es igual al que recibieron los compañeros presos, también nuestros hijos nacidos en el exilio podrán reclamarlo así como los compañeros de otros países que al momento del exilio estuvieran radicados en Argentina y habrá 5 años para presentar la reclamación.
9) Mal que le pese a algunos que se quedarán sin honorarios a costa de nuestro dolor, tal como lo veníamos diciendo en anteriores comunicados, no hará falta juicio para reclamar la indemnización. El trámite es administrativo y gratuito es decir que los compañeros podrán presentar personalmente sus expedientes y esto podrá hacerse incluso en los consulados.
10) Inmediatamente de recibido el informe de la abogada Moreno la semana pasada, lo que hicimos fue:
a) Enviárselo al Doctor Mattarollo Jefe de Gabinete del Doctor Duhalde en Secretaría de Derechos Humanos para que estén en antecedentes.
b) Enviárselo a la Unidad de Trabajo y Apoyo a los Ex exiliados Políticos de la República Argentina en Cancillería.
c) Enviárselo a los compañeros del CEA-M sabiendo que habían solicitado una entrevista con el Doctor Duhalde para tratar con el temas referidos a la ley y demás problemas del exilio, aprovechando que estuvo en Madrid la semana pasada, para que si cabía, se lo entreguen directamente en mano y lo analicen con el personalmente.
d) Pedir información a la Unidad Ejecutora de la ley 24.043 sobre el contenido del informe ya que son los que más entienden de estos temas a los que están abocados desde hace años.
11) En la Unidad Ejecutora nos informaron lo siguiente:
Que la ley tendrá su respectivo decreto reglamentario, es decir, se debe establecer como será el procedimiento para su efectivización y la tramitación por parte de los compañeros que reclamarán el resarcimiento.
Que este decreto será efectuado en base a situaciones fácticas que están en conocimiento de la Secretaria de DDHH atento la cantidad de presentaciones y experiencia acumuladas.
Que hay que tener en cuenta que el propio Gobierno persigue la indemnización para exiliados y no pretende sancionar una ley para cubrirse a raíz del fallo Vaca Narvaja tratando de excluir a la mayor cantidad posible de beneficiarios tal como lo insinúa la abogada Moreno.
Que el informe de la abogada Moreno acude a falsedades y preocupaciones inexistentes, dado que es lógico que el sólo hecho de encontrarse fuera del país durante la ultima dictadura no es suficiente para reclamar la indemnización y de alguna forma, tal como contempla la ley, eso debe ser acreditado fehacientemente.
Que la ley esta correctamente redactada, que no obliga a los compañeros que no tienen documentación de ACNUR o de países que concedieron asilo indefectiblemente a recurrir a la justicia, y en caso de tener que recurrir a la misma para acreditar el exilio, hay que tener presente que el máximo organismo de dicho poder, el Superior Tribunal de Justicia, es el que ha reconocido la situación del exilio como una violación de la libertad ambulatoria.
Que la necesidad del exilio podrá acreditarse de diversas maneras (militancia, trabajo, noticias de diarios, documentos, testigos, etc.) y no hará falta recurrir a los archivos todavía secretos de la policía como insinúa la abogada Moreno. Todas las formas de comprobar la necesidad del exilio quedarán reflejadas en el decreto de reglamentación de la ley. Por ello no es cierto que la Secretaria de Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la ley de exilio, no vaya a tener en cuenta toda la documentación aportada por los compañeros
Que el Dr. Duhalde Secretario de Derechos Humanos es una de las personas que más ha luchado por la vigencia de los Derechos Humanos y por el reconocimiento por parte del Estado de la violación cometida por la persecución durante la última dictadura militar habiendo el mismo sido exiliado y que fue su Secretaría la que redacto la versión definitiva del proyecto aprobado.
Que la ley no puede estar sujeta a parámetros demasiado amplios, sino que deben surgir de la misma pautas claras y concretas que abarquen al grupo de personas beneficiarias de la indemnización. Que con el criterio vertido por la abogada Moreno, cualquiera que estuvo en un país latinoamericano durante la dictadura, debería ser indemnizado.
12) En el mismo espíritu del informe que recibimos de la Unidad Ejecutora, hace un tiempo, desde el máximo nivel de la Secretaría de DD HH, se nos ha solicitado que comencemos a redactar nosotros aportes al decreto reglamentario. Se nos pidió que como Comisión de ex exiliados receptemos todas las inquietudes y las transmitamos a la Secretaría para que cuando salga la ley se facilite a los compañeros la efectivización de un legítimo derecho con los mínimos inconvenientes.
Como ejemplo de esto, les informamos que los compañeros del CEA-M (Comisión de Exiliados Argentinos - Madrid), nos manifestaron la semana pasada, su preocupación por los compañeros que están en España y que no podrán viajar a Argentina en caso que necesiten realizar una declaración ante un Juez. Ya esta inquietud la transmitimos el martes pasado a la Unidad de Trabajo con el Exilio en Cancillería que inmediatamente comenzó la búsqueda de antecedentes para facilitar estas declaraciones y nombrar Jueces itinerantes o que se puedan hacer directamente ante los cónsules y ser recepcionadas por los jueces aquí en Argentina. Lo que sea más fácil y factible pediremos que sea incorporado a la reglamentación.
También el Dr. Duhalde nos informó que ya se nombraron tres abogados que se encargarán del análisis de los expedientes presentados para agilizar su tramitación.
Así mismo, la Unidad de Trabajo con el Exilio en Cancillería está trabajando un informe explicando claramente en que consiste una declaración sumaria. Esta explicación estará lista en pocos días y se subirá al sitio de Internet que tenemos los exiliados en la página www.cancilleria.gov.ar para que los compañeros puedan aclarar sus dudas. Como ya informamos este sitio ya está activo con mucha información útil a la cual se agregará todo lo que resulte de interés a medida que avancemos con la ley y su reglamentación.
Todo lo cual indica que en el gobierno existe la mejor voluntad para resolver nuestro reclamo y que todo lo que dice la Abogada Moreno en su informe es tremendismo para generar dudas entre los compañeros con el objetivo de asegurarse la clientela de su estudio.
13) En COEPRA pensamos que en la acción de ayer de la abogada Moreno, su colega y la otra persona no hubo inocencia o desconocimiento en el proceder. Ellas quieren demorar la aprobación de la ley y si es posible que no salga. Les convienen los juicios. Se juegan millones de pesos en honorarios y de verdad los exiliados les importamos un rábano.
Por estos motivos pedimos a los compañeros:
Que envíen antes de 7 de abril E-mails solicitando que se apruebe rápidamente la ley sin modificaciones según el texto aprobado en Senadores o bien a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuyo E- mail es: cdhygarantias@hcdn.gov.ar o al propio Presidente de la Comisión cuyo E-mail es: hperie@diputados.gov.ar
El Presidente de la Comisión es el Diputado Hugo Peire y la Secretaria de la Comisión es la Doctora Lía Fernández Gamaleri.
Que envíen E-mails a Diputados o a los asesores que conozcan solicitando lo mismo. No olviden que muchos de ellos han sido compañeros exiliados o compañeros de militancia.
El texto de la ley aprobada en Senadores la enviamos en el anterior comunicado pero si alguien no la tiene nos la pide.
Estamos en la recta final. ¡No aflojamos!
Difundan esto entre la mayor cantidad de compañeros.
Un abrazo para todos.
COEPRA
Informe de la Abogada Elena Moreno
Estimados compañeros: En mi carácter de exiliada letrada, me dirijo a Uds a efectos de llamar la atención, sobre algunos puntos existentes en el proyecto de ley sobre exilio aprobado por el Senado que crean enormes dificultades para que, aquellos compañeros que se refugiaron en América Latina, puedan percibir su indemnización. Asimismo ofrezco el asesoramiento debido, a efectos de colaborar para buscar solución a los puntos que referencio en la nota que agrego al pie de la presente.
Atentamente. Elena C. Moreno. Tel 4 864-2150 Pueyrredón 480 - 4piso - 29
EXILIADOS EN PELIGRO DE NO PERCIBIR INDEMNIZACION.
Si bien la reciente sanción por el Senado de la ley reparatoria para el exilio, implica el reconocimiento de que este sector de la sociedad constituyó un sector afectado por el Terrorismo de Estado, algunas de las modificaciones introducidas ponen en serio riesgo el derecho a percibir indemnización a los mayoría de los afectados que padecieron el exilio en países no signatarios de la Convención de Ginebra.
El artículo 2º estatuye que para acogerse al beneficio de esta ley, las personas que fueron exiliadas deberán acreditar ante la autoridad de aplicación su condición de exiliados y el período de exilio, a través de los siguientes medios:
a) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad competente de asilo.
b) Por sola certificación de su condición y periodo como refugiado de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de Ginebra adoptada el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de refugio, o por la certificación expedida en su caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información sumaria declarativa, dando cuenta: que el beneficiario ha acreditado que su exilio se debió a la existencia de temores fundados de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia por aquella causa y de las fechas de comienzo de exilio.
Al establecer el Art.2 inc.C la necesidad de efectuar un juicio sumario declarativo - que nada tiene que ver con el trámite sencillo de la información sumaria que mencionaba el proyecto -se ponen serios obstáculos. En el juicio sumario declarativo, deberá probarse no sólo los requisitos que exige la Convención de Ginebra para otorgar el Estatuto de Refugiado ("temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas"), sino además las "acciones represivas en su contra por parte del Estado o de grupos paraestatales", dificultando y/o impidiendo la reparación a miles de refugiados.
Las pruebas exigidas son muy difíciles de ser rendidas, porque el Estado continúa manteniendo en secreto sus archivos. Prueba de ello, es la imposibilidad de acceso a la documentación de la Policía Federal y las policías provinciales, en las cuales constan las órdenes de capturas ilegales durante el período de referencia. Si a esta situación le agregamos que la justicia competente es la Federal, que siempre se ha expresado en contra de la reparación del exilio no sólo alegando razones seudo jurídicas, sino también políticas, la probanza se torna casi imposible. Debemos agregar que el juicio sumario declarativo tiene plazos preclusivos que impiden adjuntar pruebas fuera de la etapa procesal prevista.
Por otra parte debemos puntualizar que, en los poquísimos casos de que la persona podía probar las acciones represivas en su contra por parte del Estado, puede obtener beneficio reparatorio por ley 24043, sin necesidad de acudir a juicio alguno como se le exigiría de no modificarse la ley de exilio referenciada.
La normativa sancionada por el Honorable Senado de la Nación crea en su consecuencia dos tipos de exiliados:
a.- Los exiliados que estuvieron en países como Francia, Holanda, Suecia y otros signatarios de la Convención de Ginebra, quienes con la sola exhibición de la certificación expedida por ACNUR, se les otorgará el resarcimiento económico.
b.- Los que permanecieron en Latinoamérica y otros países, que no eran antes de la finalización de la última dictadura militar que sufrió nuestro país, signatarios de la Convención de Ginebra. Antes de presentar las pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos, estos exiliados deberán someterse a juicios engorrosos de difíciles probanzas, con jueces que sobre esta materia ya se han expedido en forma adversa. La misma ley les exige más requisitos de los que estatuye la Convención de Ginebra para Refugiados.
Por lo tanto, dicha norma resulta conculcatoria del principio de igualdad ante la ley y además atenta contra la congruencia que debe existir en la legislación de un país. Porque no es posible que Argentina, país signatario de dicha Convención, exija a grupos de exiliados que para poder percibir indemnización, reúnan más requisitos que los que establece la misma.
A esta situación debemos agregar que también judicialmente deberá probarse la fecha del inicio del exilio, lo cual suma nuevas dificultades por múltiples motivos. Por un lado las fronteras argentinas no estaban computarizadas. No existe registro de entradas y salidas. Por otra parte, mucha gente para salvar su vida debió salir o por puntos negros de frontera o en el anonimato total.
Tampoco la ley reparatoria para el exilio aprobada en el Senado, establece el principio "pro hominis", que establece en caso de duda el principio de interpretación más favorable al peticionante. Conforme a la jurisprudencia reinante en el Fuero Federal, por ser norma especial debe interpretarse con carácter restrictivo, hecho este que reduce aún más las posibilidades de percibir indemnización a quienes estuvieron en países no signatarios de la Convención de Ginebra.
Por las razones expuestas urge solicitar a la Honorable Cámara de Diputados, que introduzca las modificaciones pertinentes para permitir que todo el exilio sea reparado y no solamente el sector minoritario que tuvo el amparo de ACNUR.
Lo contrario impedirá que numerosos exiliados sean debidamente reparados.
Elena C. Moreno, letrada especializada en Derechos humanos
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ABOGADOS:Carlos Zamorano, Mirta Oviedo y Víctor Rosas Vergara

Informativo para victimas de exilio forzado (desde Argentina). Indemnización a ex exiliados chilenos.

Pasaremos a explicar los sustanciales elementos sobre la indemnización a ex-exiliados. Somos abogados que hemos tenido experiencia concreta en
indemnizaciones a ex-presos políticos (ley 24.043), a desaparecidos y asesinados (ley 24.411), etc., y por ello ahora nos dedicamos a la situación de los ex-exiliados.

No existe ley específica, aunque sí media sanción del Senado. Estamos intentando presionar sobre Diputados para que se convierta en ley; se dice que esta Cámara lo hará próximamente, pero no podemos aseverarlo de nuestra parte. Ocurre que la presión mayúscula deviene de la misma cantidad de expedientes (pedidos de indemnización) que radican en la Secretaría de DDHH de la Nación (órgano competente según la ley en ciernes), que ya asumen la importante cifra de 6.000; ello no puede dejar de influir en Diputados.

La Corte Suprema ha dictado tres fallos estableciendo la “analogía” de estos casos con los que previó la ley 24.043. En estas sentencias nos fundamos cuando presentamos las demandas ante la Sec. de Derechos Humanos para reparación por exilio.

Lo que centralmente debemos acreditar son los “altos motivos” que los peticionantes tuvieron para retirarse del territorio argentino por riesgos contra su vida o salud o libertad a causa de la persecución de autoridades o grupos parapoliciales de Argentina, durante el período máximo de Noviembre 1974 a Diciembre 1983 (ni antes ni después; pueden haber sufrido exilio durante “todo” ese período, o solamente una parte del mismo). Para ello necesitaremos inevitablemente que los interesados nos envíen una paginita histórica en la que narren los hechos, circunstancias, situaciones de peligro, lugares concretos y hasta nombres de personas que tornen creíble la explicación. Aclaramos que el “as de espadas” probatorio sería siempre el “certificado de refugio” expedido por el país donde pasaron a alojarse; si tal status (refugio) fue otorgado por el país de acogida, ya todo el resto de la narración puede resultar más o menos fuerte o débil. En cambio si no les fue conferido jamás tal status, habrá que probar “por otros medios”, situación en que cobran la mayor relevancia las narraciones que mencionábamos. En cualquier caso la narración la introducimos en la demanda, inexcusablemente.

Tengamos en cuenta que
los niños tienen separadamente el mismo derecho que el que invisten quienes fueron mayores al momento de exiliarse
El monto indemnizatorio ha sido tradicionalmente $74,66 por cada día de exilio, pero al parecer ahora habría subido a $90.-
porque depende de algunos parámetros que son movibles. Esa suma será pagada en “bonos”, aunque hay un capítulo especial de nuestra demanda que explica los motivos jurídicos para que deba ser en dinero moneda nacional. Como se ve, trátase de una suma altamente importante, dicho sin exageración alguna; alrededor de U$S 30.- por día, aunque los bonos raramente se cobrarían después al 100% de su valor nominativo, y habrá una “pérdida” inevitable de valor al momento de convertir en moneda el monto total. Cada uno de los integrantes de la familia exiliada (en caso de que hubieren salido en grupo) tiene una indemnización autónoma (la ya descripta), sean mayores o menores de edad al momento de haber tenido que irse del país.

En términos generales cada peticionante cobrará una suma distinta, según el concreto tiempo que cada uno sufrió exilio.

En la “narración histórica” que hemos solicitado más arriba, pueden hacer alusión a eventuales persecuciones que hubieren padecido en su país de origen, luego en Argentina, etc.

Nuestros honorarios serán el 10% de lo que efectivamente se llegare a cobrar, calculado en los mismos bonos que recaudará el peticionante. Ello significa que solamente serán debidos si se alcanza a cobrar y no en caso contrario. Naturalmente, si nos revocasen el Poder “antes” de concluir el trámite (esperamos que nunca ocurra), el peticionante nos responderá proporcionalmente a lo trabajado por nosotros, a pagar cuando efectivamente él cobre, o pediríamos que la autoridad “regule” cuánto nos corresponde, de manera libre.

Además de la “paginita histórica” necesitamos que nos envíen: a) Poder (que puede ser hecho por una sola persona, o por todo el grupo familiar afectado a fin de gastar menos dinero en Notario) en base al borrador indicativo que va en adjunto; debe venir autenticado por la autoridad consular argentina. b) Pacto de honorarios, firmado ante un Notario chileno (sin autenticación ante la autoridad consular, pues se trata de arreglo “entre amigos caballeros”) según el texto que también va en adjunto. c) Certificado de “refugio” en el país que los acogió, en español y autenticado por la autoridad consular argentina; si resultase muy complejo obtenerlo mediante los amigos o familiares que quedaron en ese país refugiante, podríamos hacerlo directamente nosotros en Buenos Aires ante ACNUR, si es que este Organismo intervino al comienzo antes de egresar el peticionante del territorio argentino (esta diligencia dura menos de dos meses y pudiera solucionar todo). d) Fecha de reingreso a Argentina; esto es para probar que “no retornó” durante el período negro (la dictadura argentina) que deberá tramitarse ante el país que acogió al refugiado (sería en este caso un certificado “de residencia” durante todo el período de la dictadura argentina), o ante el Notario para que certifique a la luz de las hojas del Pasaporte (“todas” las hojas, citando las que aún están en blanco) que no tuvo ingreso a Argentina en momento alguno de aquella época, y en todo caso que indique la fecha en que precisamente regresó a su propia Patria. e) Simple fotocopia de las 2 primeras hojas del documento de identidad o del Pasaporte, de donde surge el nombre completo y el N° de documento identificatorio, etc.

Solamente el “d)” podría quedar pendiente, a fin de introducir cuanto antes la demanda, prometiendo en ella agregar “después” el certificado de “no retorno a Argentina durante la dictadura”. Para tramitar nosotros el “c)” ante ACNUR, necesitamos contar con el “a)”, o sea el Poder (que nos lo exigen).

Por cualquier otro elemento orientador, rogamos nos escriban al czamorano_ddhh@hotmail.com o al Tel. 4861-6780, o por correo postal a Castelli N°22 - 6° “D”- Ciudad de Buenos Aires – Argentina (Código Postal 1031). Ello, ante cualquier duda o para brindarnos aportes conceptuales que nos quisieran formular para mejor proceder. Nos convendría contar con el correo electrónico de cada uno de los interesados, a fin de una comunicación ágil para el caso de necesitar nosotros alguna precisión de datos u otro elemento.

La experiencia indica que los trámites que les estamos solicitando a los peticionantes no son de extrema complejidad, ni demandan exceso de tiempo; son los necesarios para elaborar le demanda con solidez.

Quedamos al aguardo de noticias, y mientras, saludamos cordialmente.
Dres. Carlos Zamorano, Mirta Oviedo y Víctor Rosas Vergara.    
            
http://www.unexpp.cl/home/?p=533
DERECHOS HUMANOS-ARGENTINA
Desagravio al exilio
Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, sep (IPS) - Miles de argentinos en los años 70 dejaron todo al salir del país a causa de la represión política. Tres décadas después, la democracia estudia indemnizarlos como ya lo hizo con familiares de detenidos-desaparecidos, secuestrados cuando eran niños y ex prisioneros de la dictadura militar.
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de reparación económica para quienes debieron exiliarse de Argentina. Los representantes creen que la iniciativa, que ya había sido sancionada hace más de un año por el Senado, podría transformarse en ley antes de finalizar 2006.
La propuesta tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció cinco veces a favor de equiparar el exilio con la detención ilegal durante la dictadura (1976-1983) a los efectos de los beneficios de reparación a víctimas. Estas sentencias empujan una medida general para todos.
El primer fallo favoreció a Susana Yofre, quien se refugió con su familia en México en 1976 tras el asesinato de su esposo, Hugo Vaca Narvaja, y uno de sus hijos, de igual nombre.
El máximo tribunal consideró, al evaluar su caso, que la mujer y su familia, aún sin haber estado detenidos, estaban entonces en riesgo y se vieron obligados a marchar al exilio.
Los Vaca Narvaja vivían en la central provincia de Córdoba, con 12 hijos. Uno de ellos, Hugo, que era abogado de presos políticos, fue arrestado y asesinado en noviembre de 1975. Cuatro meses después, fuerzas represivas irrumpieron en la casa y se llevaron al padre. Lo tiraron dentro del baúl de un automóvil y nunca más apareció.
"Tenía miedo de que nos mataran a todos y me refugié con toda la familia en la embajada de México", contó Yofre. Desde esa sede diplomática en Buenos Aires salieron rumbo a la capital mexicana 25 integrantes de la familia Vaca Narvaja. Allí se quedaron por siete años, hasta el final de la dictadura en 1983.
En sus fundamentos, el proyecto con media sanción sostiene que la violencia política de los años 70 "puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos" y los empujó al destierro, donde debieron rehacer su vida "en condiciones claramente desfavorables" respecto de lo que dejaron atrás.
En el texto legal se prevé indemnizar a cada integrante de la familia exiliada con el mismo monto que se otorgó a los ex detenidos de la dictadura, unos U$34 dólares por día de destierro.
Serán beneficiados quienes hayan debido salir del país a partir del 6 de noviembre de 1974, cuando el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) declaró el estado de sitio, y hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finaliza la dictadura.
Con este reconocimiento, el autor de la iniciativa, el senador Marcelo López Arias, considera "completado el círculo de reparación histórica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos".
Desde mediados de los años 90 se otorgaron miles de indemnizaciones a familiares de desaparecidos y a ex detenidos políticos.
Desde 2004, la Secretaría de Derechos Humanos también otorga una reparación a hoy jóvenes nacidos durante el cautiverio de sus padres o apropiados al momento de ser apresados sus familiares. Decenas de ellos fueron encontrados en los últimos años por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, creada en los años 70 con el fin de buscar a los niños y niñas desaparecidas.
Sin embargo, algunos legisladores que deberían aprobar la ley de reparación a los exiliados temen ser injustos con los que llaman los "exiliados internos" y con ese argumento estarían dilatando la aprobación de la ley.
Esta figura apunta a aquellos perseguidos políticos que, sin dejar el país, debieron renunciar a sus puestos ante organismos públicos y empresas privadas, o los que tuvieron que emigrar de sus lugares de residencia para evitar ser reprimidos. Muchos creen que para estas víctimas haría falta una nueva ley, no la misma.
"El Estado está obligado a indemnizarnos porque al expulsarnos violó nuestros derechos", dijo a IPS Susana Gabbanelli, de la Comisión de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina.
"Los exiliados internos tienen que recibir una reparación, pero mediante otra ley", opinó.
A pesar de que el proyecto todavía no se aprobó, la Comisión recomienda adelantarse a presentar los papeles que certifiquen la condición de exiliados ante la secretaría de Derechos Humanos o en consulados argentinos. "Ya hay 5.500 solicitudes presentadas" anticipó Gabbanelli, que espera el doble de presentaciones.
Los reclamantes deberían presentar certificados de refugio otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o por los países que los recibieron, o en su defecto una declaración sumaria de su situación realizada ante la justicia federal argentina.
También se deben detallar los motivos del exilio, centrándose en el "temor fundado" de ser víctima del terrorismo de Estado en caso de permanecer en el país.
En 1975, Gabbanelli era asistente social, militaba en un partido izquierdista, estaba casada y tenía dos hijos. Fue detenida por la policía y tras ser mantenida un mes en una comisaría quedó bajo arresto domiciliario. Se fugó y estuvo clandestina en su país hasta que logró llegar a Brasil con los niños y su esposo, que era periodista.
Gabbanelli y su familia sobrevivieron en Sao Paulo, ocultos, hasta que Acnur los reconoció como refugiados en 1977. Entonces la dictadura brasileña intimó al organismo a sacar a sus protegidos del país a riesgo de enviarlos de vuelta a Argentina. Así, viajaron a Holanda, donde estuvieron exiliados hasta 1986.
La suerte de Julio Miguez no fue mejor. En esos años trabajaba como técnico electrónico en un instituto de investigación, militaba en el Partido Justicialista (peronista) y era activista sindical. Su novia, Susana Rodríguez, era secretaria de dirección en una empresa estadounidense y no tenía actuación partidaria. "En 1975 confirmé que estaba en una lista negra", contó Miguez en conversación telefónica con IPS desde España, donde forma parte de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid.
"En mayo, a 40 días del golpe de Estado, fui despedido por mi activismo político-sindical y opté por irme a España el 20 de julio de 1976", relató.
Su novia renunció al empleo y lo acompañó. Con la venta de su automóvil y de algunos muebles reunieron el dinero de los boletos de avión más unas 10.000 pesetas (entonces equivalían a unos 130 dólares). Vivieron en Madrid con argentinos que los acogieron, y luego en una pensión, añadió.
"Vendíamos artesanías en la calle y Susana cuidaba a un niño", recuerda. Con esos escasos ingresos compraban alimentos. Se desplazaban a pie y usaban botellas plásticas como vajilla. Se higienizaban en un lavatorio del cuarto de la pensión con agua fría. "Estuvimos en situaciones límite", asegura.
"Nos sentíamos vivos y libres por un lado, pero nos pesaba estar lejos de la familia, los amigos…, la imposibilidad de seguir nuestras carreras profesionales, y sobre todo nos entristecía conocer la suerte de amigos presos y desaparecidos", comentó.
Con el tiempo, consiguieron un préstamo familiar que les permitió mantenerse hasta tener un empleo estable. Tuvieron dos hijos en España que hoy tienen 27 y 22 años. Para él, la ley será un acto de justicia por sus padecimientos, que no fueron una opción sino la salida obligada para una vida amenazada.
"El Estado es responsable de la expulsión violenta de sus ciudadanos y debe repararlo con esta ley", argumentó.(FIN/2006)
ACTUACIÓN ILEGÍTIMA DEL ESTADO URUGUAYO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 1968 Y EL 28 DE FEBRERO DE 1985, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS... PERO NO CUMPLE VERDADERAMENTE CON LA RESOLUCION No 60/147 ART. 19 Y 20 CON RESPECTO A LA INDEMNIZACION, REABILITACION Y REPARACION DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.®
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